Hace un año analizábamos la estrategia que pretendía desarrollar el ministro Gabriel Oddone para que el país lograra aumentar significativamente su anodina tasa de crecimiento del último decenio (1,2%). Entre los pilares de dicha estrategia aparecía —casi que como novedosa— la idea de llevar a cabo reformas microeconómicas concretas para reducir el alto “costo país”. Este lastre autóctono ha sido una de las razones que explican una tasa de rentabilidad baja para cualquier emprendimiento que se instale en el país y su consecuencia irremediable: un reducido ratio de Inversión/PIB que induce el bajo crecimiento mencionado más arriba. Algo de esos costos pasa por infinidad de trámites y requisitos burocráticos innecesarios que fungen como trabas al desarrollo de los negocios, ya que implican el uso improductivo de recursos. Es en este terreno que el MEF anunció recientemente un conjunto de medidas por vía de decreto orientadas a “desempapelar” dichos trámites y un proyecto de ley de “mejora de la competitividad” que se está elaborando con igual finalidad. Sin duda que estas iniciativas deben ser valoradas como positivas, en la medida que están bien orientadas y dan una saludable señal desde la política económica, luego de décadas de inacción. Una valoración similar debe hacerse con respecto a los anuncios de remover regulaciones que han promovido monopolios de importación en artículos de primera necesidad, generando precios domésticos que multiplican groseramente su valor en comparación con la región, a pesar de que hace más de 20 años que no se pagan aranceles dentro del Mercosur. En estos casos el daño es para el costo de vida, ya que se encarece el valor de la canasta de consumo. Pero, indirectamente, también se afecta la rentabilidad empresarial, dado que ese “costo de vida” termina impactando en mayores demandas salariales, el salario mínimo nacional, etc. ¡Vaya paradoja! El país enfrenta salarios elevados para las empresas, pero con bajo poder adquisitivo. Lo peor, solo es funcional para rentas monopólicas suculentas que favorecen a unos pocos. La bondad del enfoque El hecho de que la política económica se concentre en aspectos microeconómicos tiene varias ventajas. La primera y más obvia, ataca la raíz de los problemas estructurales que encarecen el costo país. La segunda y no tan obvia, ayuda a desmitificar la vieja idea de que dicho costo se relacionaba con el nivel del tipo de cambio y la política monetaria. Y que todo podía solucionarse devaluando la moneda convenientemente. En estos últimos años en los cuales se ha logrado abatir la inflación y anclar las expectativas de manera consistente con una política monetaria bien gestionada —incluyendo una flotación cambiaria ostensible— el país aprendió a valorar la estabilidad de precios y a convivir con un dólar que flota sin las costosas intervenciones del pasado (inflación más alta que la meta, baja credibilidad, acumulación innecesaria de reservas internacionales con emisión de LRM como contrapartida y déficit endémico del banco central), fortaleciendo la idea en empresarios y sector político de que el foco debe hacerse en los temas micro. Asimismo, pasada la necesaria instancia contractiva inicial, el país ha recuperado el uso de la política monetaria como herramienta anticíclica. En efecto, el BCU ingresó en una instancia expansiva que favorece la actividad económica, hoy prácticamente estancada, sin sacrificar la meta de inflación ni su credibilidad. En paralelo, mostró que los eventuales impactos de la política monetaria sobre el tipo de cambio son transitorios (como las propias instancias monetarias) y de poca relevancia en comparación con los fundamentos que mueven el tipo de cambio real a mediano y largo plazo. Como dije, hacer foco en lo micro permite concentrar esfuerzos en reducir los altos costos domésticos, que son los que le impiden al país de manera estructural captar suficiente inversión en el sector Transable. Por otra parte, ahí están variables sobre las que podemos tener real incidencia mediante políticas económicas adecuadas, ya que los precios internacionales son un dato para nosotros, mientras el tipo de cambio flota, dándole sostenibilidad al equilibrio externo y consistencia a la estabilidad de precios interna. Aunque las medidas anunciadas no parece que vayan a mover la aguja de manera significativa en términos de rentabilidad, este enfoque deja en evidencia que hay otras cuestiones en el terreno microeconómico que aún no se encaran y que son ineludibles para mover la aguja. En primer término, es claro que los costos salariales no pueden subir sin acompañamiento de la productividad y que ésta es heterogénea (dependiendo del sector, el tamaño de la empresa y su ubicación geográfica), por lo que la política salarial actual tiene mucho para cambiar y aportar. En segundo término, también deben abatirse los costos energéticos que afectan a toda la cadena productiva, tanto directa como indirectamente al encarecer el costo de vida, los fletes, etc. Esto desnuda la necesidad de una reforma urgente de estos mercados —a la que los gobiernos le han esquivado el bulto— promoviendo la competencia y poniéndole coto a los monopolios estatales que normalmente nos han dado empresas ineficientes (tarifas elevadas y poco competitivas). Y no puedo terminar sin mencionar otro aspecto que afecta la rentabilidad exportadora: la elevada carga tributaria. No es casualidad que buena parte de las inversiones importantes de las últimas décadas se hayan dado al amparo de regímenes impositivos excepcionales (v.g. zonas francas, vivienda promovida). Pero para reducir impuestos sin destruir la sostenibilidad fiscal, como mencionamos en la columna anterior, se requiere abatir significativamente el gasto público.